Cd. de México.- A 13 años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, el Gobierno federal se comprometió a rescatar los cuerpos de los 63 trabajadores que permanecen en el subsuelo.
Hoy, en la víspera de un nuevo aniversario de la explosión en la que murieron en total 65 personas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con familiares de las víctimas y sus representantes.
“Hoy estuvimos con Alejandro Encinas y él se compromete, personal e institucionalmente, a que se instale una mesa para buscar la recuperación de restos”, comentó Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos.
“Se acordó que esta o la siguiente semana se invitará a la Secretaría del Trabajo, a la de Economía, a Relaciones Exteriores y a representantes de las familias, se trata de construir cómo se va hacer, no de que entren ahorita con una pala”, explicó.
Aseveró que para las familias es inadmisible que participe la empresa Grupo México, concesionaria de la mina, o el sindicato minero.
Las familias llegaron a este acuerdo luego que desde 2006 pasarán tres Presidentes de México: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; así como diferentes Secretarios del Trabajo, aunque recordaron especialmente a Javier Lozano.
"Cuentan con todo mi apoyo, personal e institucional”, Alejandro Encinas.
Pese a que las víctimas recuerdan que a Alejandro Encías lo conocen desde que militaba en el PRD y acudía a los aniversarios de la tragedia en Coahuila, advierten que no le dan un cheque en blanco y esperan que sí se logre el rescate.
Auerbach confió en que el rescate de los cuerpos pueda arrojar luz sobre las responsabilidades penales de la tragedia.
“Para nosotros, que pararan el rescate era precisamente de que al dejar sepultados a los trabajadores dejabas también sepultada la verdad.
“No puedes rescatar a los trabajadores sin fincar responsabilidades, va en uno sólo”, planteó.
También te puede interesar: Mujer se graba teniendo relaciones con niño de 6 años
En materia internacional, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que el caso fue admitido en julio de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Las violaciones a derechos humanos que están ahí alegadas son de la vida, la integridad personal y falta de acceso a la justicia, y también la CIDH, por su propia iniciativa, admitió el caso por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales”, explicó.
Este martes, familiares de las víctimas realizarán una protesta en el antimonumento que instalaron por su caso frente a la Bolsa de Valores, en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con familiares de las víctimas y sus representantes.
